Lex iniusta non est lex

"El cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, ha comentado hoy en Ávila que un gobernante "tiene que aplicar la ley" y si no lo hace "tendrá que renunciar a su cargo", en referencia a las reticencias iniciales de algunos presidentes autonómicos respecto a la aplicación de la Ley del Aborto (...) Al ser preguntado si entiende la postura de algunos presidentes regionales que en un principio se mostraron reticentes a aplicar la nueva Ley del Aborto, el cardenal ha aludido a las "responsabilidades morales y éticas que tiene un gobernante en relación con la ley vigente". "En un sistema jurídico como el nuestro, -el gobernante- tiene que aplicarla -la ley- y si no la aplica tendrá que renunciar a su cargo", ha argumentado, antes de añadir que "después hay que aplicarlo a situaciones concretas". Tras insistir en que un gobernante "en una democracia tiene la obligación de cumplir la ley" porque "no está por encima" de ella, Antonio María Rouco Varela ha puntualizado al respecto que "otra cosa es lo que hace con su conciencia ante una ley que es injusta". "Eso ya es un problema que habría que ver en cada caso cómo se resuelve" [Ávila Red].

Estas declaraciones del cardenal Rouco, hechas por el jurista, no el teólogo, han provocado una escandalera entre los sectores más ultramontanos de la iglesia española. Pero Rouco tiene razón, y tan sólo se le entiende mal porque sus palabras han sido extraídas del contexto en que las ha pronunciado (el académico) y se han expuesto al escrutinio de los legos y el vulgo, mal preparados para discernirlas.

Pocas cosas están inmunes a la opinión y los pareceres particulares. Este asunto de la obediencia al derecho, o peor, al derecho injusto (¿según quién?), no es una discusión de moda, sino que se debate, de modo ejemplar, desde el juicio, condena y muerte de Sócrates y de tantos otros inocentes que le han seguido (Thomas More y Dietrich Bonhoeffer son dignos de recordación). Hacer bien por mal es uno de los grandes temas que se discuten en el diálogo Gorgias, que todos los políticos del mundo debieran estudiar con los codos hincados en la mesa.

La obediencia a la ley no es un tópico más del derecho, sino que es su auténtico meollo. Si el derecho no se obedece... apaga y vámonos, diría (digo yo) el cardenal Rouco. Sobre el asunto han opinado ya todos los grandes juristas, filósofos y politólogos de los que se tiene noticia escrita. No se puede improvisar, ni comentar a la ligera. Uno debutó en la carrera con la ley del divorcio (la "ley de Fernández Ordóñez" de 1981) y tuvo ocasión de escuchar en la facultad la desazón que provocaba en algunos jueces consentir la disolución de matrimonios indisolubles. Se contaba en el aula la anécdota de aquel juez sevillano, católico a machamartillo, que en los considerandos de una sentencia, en una temprana causa de divorcio, decía: "Como hijo fiel de la iglesia católica, debo proclamar que el matrimonio es por naturaleza indisoluble según la ley de Dios... pero mi condición de magistrado juez me compele a declarar el matrimonio de los demandantes disuelto en aplicación del vigente código civil...".

En nuestros días, en España, es un caso ejemplar el que se llama del "Juez Calamita", inhabilitado por obstruir la aplicación de la ley, motivado al parecer en conciencia [El País]. Cuando el juez o funcionario se encuentra con un conflicto irresoluble entre la aplicación del derecho y su conciencia, los juristas pensamos que no le queda otra que renunciar al cargo, o al menos trasladarse a una posición menos expuesta (moverse de especialidad del derecho de familia a, por ejemplo, el derecho mercantil, le he oído decir a una profesora de la facultad, aunque tampoco el mercantil sea manco en asuntos de conciencia...). Si en conciencia no estás conforme con las leyes, no te metas a legislador o juez (y si eres pirómano... no te metas a bombero).

En alguna ocasión he estudiado el tema de la obediencia al derecho en el texto de una autoridad, el jurista español José Castán Tobeñas, en una serie de artículos publicados en 1944 (júzguese lo muy decantado del asunto) y reunidos en el magnífico libro Teoría de la aplicación e investigación del derecho (Madrid, ed. Reus, 1947, reed. 2005), que me parece de lo mejor que hoy puede leer y estudiar un jurista con mayúsculas en lengua española. Nuestro tema se expone en el epígrafe sobre "la función correctora en el ámbito de la investigación (ultrainterpretativa) del Derecho", al que remito al interesado (páginas 286-300), donde leemos:

"Si bien, de un lado, es ciertísimo, dentro de la concepción jurídica tradicional entre nosotros, que la ley injusta no es derecho, no es menos cierto, de otro, que en muchos casos deberá ser cumplida como si fuera derecho. Las exigencias de la justicia han de ser ponderadas, a través del más profundo sentido de responsabilidad histórica, con las exigencias de la seguridad. La teoría de la ley injusta no puede convertirse en instrumento de anarquía. Las leyes contrarias al bien común pueden seguir obligando, según reconoce la doctrina tomista, por razón del escándalo o del desorden que el incumplimiento de las mismas pudiera originar".

El cardenal Rouco, que puede parecer antipático por otros conceptos, está reconocido como un excelente y fino jurista. En esta ocasión lo ha demostrado, aunque debo lamentar que también haya dejado a la vergüenza pública, a la vista de todos, las muchas miserias del arte y ciencia del derecho. ¡Tengas pleitos y los ganes! En reconocimiento, muestro al cardenal en una imagen suya, en ademán tribunicio, con el típico gesto del orator clásico.

Otras opiniones: José Ignacio Calleja: "A ver si nos aclaramos, señor cardenal" [enlace]: "Ya entiendo lo que pasa. Una cosa es hablar para profesores y políticos, y otra para el pueblo llano. A aquéllos, las diferencias entre ley positiva, ley natural, y fe en el Dios de la Vida; a éstos, el fundamentalismo moral, para evitar problemas y dudas."

Y en este Majao: "Adversus Camino" [enlace].