Adversus Camino

El obispo auxiliar de Madrid y secretario de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, advirtió hoy de que los católicos no pueden apoyar el proyecto de ley del aborto, ni darle su voto, y, si lo hacen, "están objetivamente en pecado público y no pueden ser admitidos en la sagrada comunión". Camino, durante un desayuno informativo organizado por la Fundación San Pablo-CEU, precisó que esto no quiere decir que estén excomulgados, ya que "la excomunión está prevista en el Código de Derecho Canónico para quienes son cooperadores directos de un aborto realizado" [La Razón].

Sigo mi impenitente costumbre de meterme en todos los charcos, y me voy a arrimar para hacerle la faena a las recientes declaraciones de monseñor Camino, al hilo de la deliberación legislativa de la despenalización del aborto consentido. A mí, no digo ya como católico cristiano, sino como hombre, me entristece mucho el aborto, la extinción criminal de la vida humana en su origen [orto]. Reconozco además que las heladoras cifras de abortos en España, suman un verdadero genocidio silencioso (decenas de miles de criaturas a las que se impide nacer cada año).

Pero una cosa es abortar, y otra cosa distinta, castigar el aborto consentido. Se cometen muchos abortos, porque el pueblo ha perdido sensibilidad, y sentido de culpa, sobre ese acto. ¿Hay que castigar con la cárcel a la mujer que aborta, o al médico o enfermeros que la ayudan? Aquí, como en el caso del divorcio, ya pacífico, se bifurcan la legislación civil y la de la iglesia. El aborto, que para la Iglesia Católica es un gravísimo delito castigado con excomunión, para el Estado es, aunque escandalice a un católico (pero sólo a católicos) un acto privado impune. La impunidad social del aborto pone en evidencia que la Iglesia Católica Española ha fracasado en su enseñanza sobre el aborto: el pueblo no le hace caso.

En tales circunstancias, ¿cómo hay que tomarse las manifestaciones de monseñor Camino? En primer lugar, habrá que advertir que son opiniones privadas de Martínez Camino, expresadas en un foro de estudio, y que no representan, formalmente, el sentir del Episcopado español. Hay que reconocer su finura disciplinar, cuando descarta que los políticos incurriesen en excomunión, cuando aprueban una ley despenalizadora de aborto. Aquí Camino se aparta de los talibanes de sacristía y otros fanáticos, que andan por la vida a crismazo limpio, repartiendo excomuniones a diestra y siniestra. No, una cosa es procurar el aborto, y otra decir, o aprobar en Cortes, que el aborto no tendrá castigo civil. El acto político, de suprimir el castigo civil al aborto no se puede hacer equivaler al aborto mismo: esto es una falacia.

Por último, monseñor Camino opina que los legisladores que levantan el castigo civil al aborto incurren objetivamente en pecado público. Pero esto sí que es opinable, la calificación de pecado (público). Comprendo que un clérigo, tal que Camino, más presto a condenar y castigar, que a ser misericordioso y perdonar, se haga detestable. Así lo único que se granjea no sólo es la enemistad de los políticos de todo el "espectro", sino que además ofrece una imagen odiosa, por parcial y tendenciosa, de la Iglesia. Pero si entramos en ese sendero, tan discutible y opinable, de los pecados públicos, ¿acaso la riqueza y el lujo no serían también graves pecados públicos, cuando el mandato que hemos recibido es repartir nuestros bienes entre los pobres, en un mundo que sufre el hambre, la enfermedad y las guerras? Y sin embargo, la Iglesia parece que no niega los sacramentos a los ricos y poderosos de este mundo.

[José Ignacio Calleja: "Sr. portavoz de los Obispos, el Evangelio entero, por favor"].

[Juan Masiá Clavel SJ: "Serenidad en el debate sobre aborto"].

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